A partir de abril de 2025, Chicago se encuentra en el epicentro de los debates nacionales sobre inmigración, lidiando con las medidas federales de aplicación de la ley y sus profundas implicaciones locales. El compromiso de la ciudad de ser un santuario para los inmigrantes está siendo puesto a prueba por una serie de acciones y políticas federales.
La administración Trump ha puesto en marcha la "Operación Salvaguarda", una iniciativa a escala nacional dirigida contra los inmigrantes indocumentados, especialmente en ciudades santuario como Chicago. El objetivo de esta operación es detener y deportar a personas con antecedentes penales violentos. Sin embargo, su aplicación ha suscitado preocupación por la extralimitación y las posibles violaciones de los derechos civiles. En particular, en Chicago, se ha informado de detenciones que podrían haber incumplido un acuerdo de 2022 que establece las condiciones en las que el ICE puede realizar detenciones colaterales. Los activistas alegan que 22 personas, entre ellas un ciudadano estadounidense, fueron detenidas injustamente, lo que ha dado lugar a demandas judiciales contra el gobierno federal.
La comunidad inmigrante venezolana en Chicago se enfrenta a una mayor incertidumbre. Aunque un juez federal detuvo temporalmente los esfuerzos de la administración Trump para poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) para los venezolanos, la comunidad sigue preocupada por su futuro. El programa TPS, que permite a las personas de países que experimentan crisis vivir y trabajar en los Estados Unidos, estaba programado para expirar para los venezolanos el 7 de abril de 2025. La pausa ofrece un alivio temporal, pero la falta de una solución permanente deja a muchos en un estado de limbo.
Respuesta del gobierno local e impacto en la comunidad
El gobernador J.B. Pritzker y el alcalde Brandon Johnson se han opuesto abiertamente a las medidas federales contra la inmigración, subrayando la importancia de proteger a los residentes respetuosos de la ley. Pritzker, invitado a declarar ante el Congreso sobre las políticas de inmigración de Illinois, criticó las audiencias por su motivación política. Destacó que las políticas de santuario del estado se promulgaron bajo una administración republicana anterior, subrayando la naturaleza bipartidista de la cuestión .
La llegada de más de 51.000 inmigrantes desde agosto de 2022 ha puesto a prueba los recursos de Chicago, provocando tensiones en barrios históricamente desatendidos. Las comunidades negras, en particular, han expresado su preocupación por la asignación de recursos a los recién llegados cuando las necesidades locales de larga data siguen sin ser atendidas.
Resiliencia y defensa de la comunidad
A pesar de los retos, las comunidades de inmigrantes y los grupos de defensa de Chicago siguen demostrando su capacidad de resistencia. Las organizaciones imparten talleres sobre "Conozca sus derechos", ofrecen asistencia jurídica y movilizan redes de apoyo para ayudar a los afectados por las medidas coercitivas. El compromiso de la ciudad de ser un lugar acogedor para los inmigrantes se mantiene firme, incluso mientras navega por las complejidades de las políticas federales y las realidades locales.
